La reciente noticia de que Bruselas lleva a los tribunales a la Hacienda española por su negativa a eximir de IVA a los autónomos no es solo un titular jurídico; es un golpe directo a la línea de flotación de nuestras microempresas y emprendedores. Como representante de un colectivo que es el verdadero motor de la economía española, considero urgente analizar las consecuencias de esta "rebeldía" normativa de nuestro Gobierno. 1. Una desventaja competitiva injustificable La Directiva (UE) 2020/285 busca armonizar un régimen de franquicia del IVA que permitiría a quienes facturan menos de 85.000 € anuales liberarse de la carga de gestionar y liquidar este impuesto. Mientras que en el resto de Europa nuestros homólogos ya se preparan para competir con estructuras más ágiles, en España seguimos anclados en una burocracia que consume recursos que la microempresa no tiene. 2. El bloqueo a la internacionalización Hacienda argumenta que el régimen es opcional a nivel interno. Sin embargo, Bruselas es clara: al no transponer la norma, se está impidiendo que los autónomos españoles disfruten de la exención de IVA cuando operan en otros Estados miembros. En un mercado único, esto supone levantar fronteras fiscales que solo afectan a los más pequeños. 3. La incidencia en la Economía Social y la Microempresa Desde AEMME, trabajamos diariamente para que la microempresa se profesionalice y crezca. La exención fiscal es una herramienta de economía social que permitiría reinvertir ese ahorro en digitalización y talento. No aplicar la directiva es, en la práctica: ● Aumentar la brecha de costes: España es el único país de los 27 que mantiene este bloqueo. ● Sobrecarga administrativa: Obliga a entidades sin ánimo de lucro y pequeños negocios a una gestión fiscal compleja que no aporta valor al negocio. ● Riesgo de sanciones: El TJUE podría imponer multas millonarias que pagaremos todos los ciudadanos por la falta de voluntad política de adaptar nuestra normativa a la realidad europea. 4. Llamamiento a la acción No podemos permitir que el 94% de nuestras empresas compita en inferioridad de condiciones. La transposición de esta directiva no es una concesión, es un derecho europeo que garantiza la supervivencia de los negocios donde los recursos internos son limitados. Desde la Secretaría General de AEMME, seguiremos ejerciendo nuestra labor de representación institucional ante los organismos públicos para exigir que se cumpla la ley y se proteja al colectivo de la microempresa.